CASTELLÓN DE LA PLANA — En 2016, un residente de la Comunidad Valenciana accedió a un programa especializado en salud mental que le proporcionaba el soporte médico necesario para estabilizar su condición y garantizar su capacidad laboral. Su situación, similar a la de muchas otras personas, evidenció una problemática estructural: la necesidad de atención continua para mantener la estabilidad en el ámbito laboral y social.
Tres años después, en 2019, la administración autonómica desmanteló el programa sin ofrecer alternativas, dejando a cientos de beneficiarios sin cobertura y expuestos a un deterioro progresivo. Para este ciudadano, la falta de atención derivó en la pérdida de empleos, inestabilidad económica y, finalmente, la imposibilidad de acceder a una vivienda estable.
Desde entonces, ha enfrentado un extenso proceso burocrático durante cinco años, con múltiples demoras, procedimientos administrativos inconexos y respuestas fragmentadas por parte de distintas instituciones. Lo que comenzó como una solicitud para la continuidad del tratamiento médico evolucionó hasta convertirse en un expediente interinstitucional que involucra a la Seguridad Social, la administración autonómica, Servicios Sociales, programas de empleo y asistencia habitacional.
Actualmente, tras años de gestiones sin éxito y denegaciones de servicios, una denuncia ha sido formalmente presentada ante la Policía Nacional, lo que obliga a las administraciones a responder sobre el caso.
Un sistema que traslada la carga administrativa al ciudadano
El itinerario burocrático de este ciudadano comenzó en 2016, cuando fue diagnosticado con un trastorno de salud mental que, con el tratamiento adecuado, le permitía desempeñarse en el sector creativo y desarrollar su actividad profesional con cierta normalidad.
Según su testimonio, la interrupción del programa en 2019 generó un efecto dominó que impactó su empleo y, con el tiempo, su acceso a una vivienda. Documentación oficial presentada ante las autoridades indica que la desaparición de este recurso obligó a los beneficiarios a gestionar sus expedientes en distintas administraciones sin coordinación entre ellas.
Diversos informes han señalado que los ciudadanos que se encuentran en estas circunstancias quedan atrapados en la burocracia institucional, sin un canal único de resolución. En este caso, se ha documentado un largo historial de intentos de acceso a servicios esenciales, lo que ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrentan las personas sin conocimientos administrativos o tecnológicos para defender sus derechos dentro del sistema.
Una denuncia respaldada por documentación oficial
La denuncia presentada ante la Policía Nacional y la documentación remitida a diversas instituciones han elevado este caso a un nivel interinstitucional, involucrando a organismos responsables de la gestión de empleo y asistencia social en la Comunidad Valenciana. Hasta la fecha, no se ha proporcionado una respuesta efectiva adaptada al usuario.
En 2024, el ciudadano solicitó acceso a un recurso habitacional estable. Según su testimonio, desde entonces ha sido derivado entre diferentes instancias sin recibir una solución definitiva. Durante este tiempo, ha tenido que costear alojamientos temporales con sus propios medios, hasta que finalmente se le volvió a enviar al albergue municipal, un recurso que las propias administraciones habían reconocido como inadecuado para su estado de salud. Cuando esta opción dejó de ser viable, se le propuso una solución tutelada sin base médica, sin considerar criterios clínicos ni sus necesidades específicas.
Además de la precariedad habitacional, la denuncia también señala la falta de adaptación de los programas de empleo a trabajadores y docentes con necesidades específicas. Según la documentación presentada, se habrían vulnerado disposiciones de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013, artículos 7 y 35), que establecen la obligación de implementar ajustes razonables en el ámbito laboral para garantizar la igualdad de oportunidades.
Inteligencia artificial y exclusión digital: una barrera oculta
Más allá de la ineficacia institucional, este caso pone en evidencia un problema sistémico: la brecha digital y la falta de herramientas tecnológicas accesibles para la ciudadanía. Según la persona afectada, su experiencia como formador en inteligencia artificial y competencias digitales le ha permitido gestionar la situación, que actualmente sigue sin resolución, con mayor agilidad. Sin embargo, se plantea la cuestión de qué ocurre con quienes no poseen estas habilidades y quedan excluidos de los procesos digitales administrativos.
Diversos informes han señalado que la digitalización de la administración pública, si bien busca mejorar la eficiencia, puede convertirse en una barrera de acceso para quienes carecen de conocimientos tecnológicos o no disponen de los recursos adecuados.
Una crisis estructural que afecta a miles de personas
Este caso refleja fallos sistémicos en la gestión de la asistencia social y laboral en España. Según el informe de exclusión social en la Comunidad Valenciana 2024, el tiempo de espera para acceder a vivienda pública ha aumentado un 20% en los últimos cinco años. Además, las ayudas de emergencia suelen retrasarse más de seis meses, lo que puede tener consecuencias devastadoras para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En 2023, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que más del 40% los casos de exclusión social en España están directamente relacionados con la falta de acceso oportuno a recursos habitacionales y sanitarios.
A medida que el caso sigue su curso, queda abierta la cuestión de cuántas personas enfrentan esta misma realidad sin los medios para hacer oír su voz. Las instituciones mencionadas han sido notificadas sobre la denuncia y pueden ofrecer su versión o aclaración sobre los hechos expuestos en este informe.
